Sábado 14 de Julio de 2007
Empezaron los despidos de profesores por irse a la huelga. Trece de ellos han sido cesados por la Ugel número 3, con jurisdicción desde La Victoria a Villa El Salvador. Cornelio González Torres, director de esa unidad de gestión educativa local, anuncia nuevas purgas para el comienzo de la próxima semana. La medida se basa en el Decreto Supremo 017-2007, que declara la Educación Básica como Servicio Esencial (y, que, por tanto, deja a los profesores con algunos derechos sindicales muy restringidos: basta que el Ministerio de Educación decrete la ilegalidad de una huelga para que todos los que la acaten puedan ser expulsados del magisterio).
Mientras los maestros de a pie eran purgados, directores y subdirectores eran sometidos a expedientes administrativos por haber cerrado sus colegios tras comprobar que no había personal para intentar hacer clases. Sucedía en los colegios Isabel La Católica, República Democrática Alemana y Víctor Andrés Belaunde. "Es que el ministerio declaró ilegal la huelga", explicó González.
Mientras eso empezaba a suceder a escala nacional, el procurador del Ministerio del Interior, Jacobo Romero, advertía que algunos de los detenidos podrían ser condenados a seis años de prisión "por hacer apología del delito e incitar a los docentes a radicalizar sus protestas con actos vandálicos".
Este mismo funcionario demandó la inmediata detención de la congresista Elsa Malpartida "porque ha quebrado las reglas de conducta a las que se encuentra sometida en los diversos procesos penales en los que está incursa".
La agencia oficial Andina nos recuerda que esas reglas de conducta le fueron impuestas por el Poder Judicial tras las huelgas cocaleras de mayo de 2004 y julio de 2005. "Ella se enfrentó abiertamente a las fuerzas del orden y ahora incita al Sutep a proseguir con la huelga nacional", dijo el procurador.
"Es el comunismo que se niega a morir y que siempre está detrás de odas estas cosas hacia la violencia", decía ayer el presidente de la República hablando del Sutep, los arrestos, las protestas y el desorden.
Y añadía: "Mano dura con esa gente. Eso es lo que quiere el pueblo... Basta de desorden..." "Y ya es hora de declarar la ley marcial y el toque de queda en Juliaca para poner en vereda con redadas masivas a esos mierdas...", escribía el director de Correo, Aldo Mariátegui.
"Arrestan a extremistas Huaynalaya y Diez Canseco", sobretitulaba Expreso.
"Muere el Sutep", notificaba Ojo. "Capturan a dirigentes y ministro convoca a 25,000 nuevos maestros", precisaba.
"Pero no nos engañemos: estamos ante una escala desestabilizadora… (cuyo) objetivo de fondo es impedir el progreso económico del país y evitar que obtengamos el grado de inversión", reflexionaba el director de La Razón, 24 horas después de festejar el fallo del juez Orlando Álvarez en el caso Fujimori.
E1 corresponsal del diario mexicano El Universal, José Vales, resumía la situación de esta manera: "Militares en las calles, gases, calles cerradas, aeropuertos tomados, imágenes que no se observaban desde el final del fujimorato, una era que en estos casi doce meses de gobierno García intentó por todos los medios emular con medidas alejadas del ideario del Apra y más cerca de la derecha que encamó precisamente Alberto Fujimori".
Al final de su despacho, Vales hacía una explícita comparación entre el Perú de García II y la Bolivia de Sánchez de Losada II. Mientras las aguas se dividían, como había dicho por la mañana en radio San Borja Javier Diez Canseco, la comidilla del barrio era la flamante encuesta de la Universidad Católica.
El Instituto de Opinión Pública de la Católica indagó, del 6 al 8 de julio de 2007, el sentir de 1,400 personas en 66 distritos de 14 provincias pertenecientes a 13 regiones del país, y encontró que la aprobación del doctor García ha descendido a cifras bushianas: 35% lo aprueba, 59% lo desaprueba.
En Lima y Callao, donde la prensa de la Confiep manda, el doctor García tiene 45% de votos a favor y 48% en contra (esto confirma la encuesta de la Universidad de Lima de hace tres días). Pero en el norte lo aprueba el 23, en el sur el 17, en el centro el 13 y en el oriente tan sólo el 11 por ciento.
Es decir, hay ya una crisis de legitimidad social en el gobierno del Apra, convertido en el gobierno cerril -y crecientemente brutal- de la derecha García cree que está haciendo por el Perú lo que Sarkozy desea hacer por Francia Olvida que aquí no hubo revolución sino mutaciones sucesivas de la misma y despiadada fórmula destinada a perpetuar la inequidad.
Más De la Rúa que Sarkozy, más Sánchez de Losada que Leguía el modernizan, García ha visto evaporado su capital político por hacerle caso a quienes tienen prohibido contradecirlo. O sea, por hacerse caso a sí mismo.
Ahora le dirán (se dirá) que no le haga caso a las encuestas, que el pueblo es bruto pero entenderá, que las promesas no se cumplen cuando no pueden cumplirse, que el comunismo sobreviviente quiere su ruina y la prensa caviar el despelote y los cholos tercos su palo en la cabeza, su bomba humeante, su estado de sitio y al final, si hace falta, su juez sin rostro, su testigo sin nombre, su expediente sin número.
"Leches aguadas, cajamarcas crueles", escribió Juan Gonzalo Rose.
"Él era como el Perú, Zavalita, se había jodido en algún momento. Piensa: ¿en cuál?... El Perú jodido, piensa, Carlitos jodido, todos jodidos. Piensa: no hay solución, escribió Mario Vargas Llosa por esos mismos días. Fulgor de profecía que le dicen.
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